Nathalie Cely,  fue clara en señalar que el Gobierno no caerá en las presiones de la petrolera norteamericana Chevron para intervenir en el juicio que la condena al pago de más de 18 mil millones de dólares por contaminar la Amazonía. Por su parte, los abogados de los demandantes explican que esta es otra jugada de la compañía pues es claro que se ha quedado sin argumentos jurídicos y busca involucrar al Gobierno como sea para aducir que hay independencia o que se le ha negado el derecho a la defensa apegado al debido proceso, argumentos falsos absolutamente.

Quito, 6 de julio del 2012.- La Embajadora ecuatoriana en Estados Unidos, Economista Nathalie Cely, en rueda de prensa brindada el día de hoy en la Secretaría Nacional de Comunicación de la República del Ecuador, fue enfática al informar sobre la posición del Gobierno de no intervenir en el proceso judicial que condenó a Chevron a pagar más de 18 mil millones de dólares por los impactos generados durante los 30 años de explotación petrolera en la Amazonía norte de este país.

Dio a conocer que en un intento de presionar al Estado ecuatoriano, el presidente de a petrolera John Watson pidió al  Congreso de los Estados Unidos que suspenda las preferencias arancelarias que favorece el ingreso de varios productos ecuatorianos a Norteamérica, a la vez que ratificó la injerencia en la USTR (Office of the United States Trade representative), para que emita un informe negativo contra el Ecuador, aduciendo que ha incumplido el dictamen  emitido por un tribunal convocado en el marco del Tratado de Inversión Bilateral Estados Unidos-Ecuador, que dispuso al Gobierno impedir la ejecución de la sentencia de 18 mil millones de dólares dictada por la justicia ecuatoriana en contra de la petrolera.

“Ecuador no se someterá a presiones de Chevron, sus intereses no pueden estar por encima del país” dijo Cely, además que acotar que no intervendrá en un problema entre particulares y que debe ser resuelto en el ámbito judicial.  Ratificó además el gobierno ecuatoriana no sacrificará las luchas de los pueblos afectados por la contaminación.

De acuerdo a datos con los que cuenta la Asamblea de Afectados por Texaco, las presiones de la petrolera para detener el proceso judicial a través del chantaje a los gobiernos ecuatorianos mediante acciones de boicot económico y político no son recientes, lo ha hecho desde el año 2006, pretendiendo que los funcionarios del Estado eviten el dictamen de sentencia y luego la ejecución de la misma.

A pesar de estas acciones de la petrolera y como lo ratificó la Embajadora Nathalie Cely, el Ecuador ha obtenido un informe favorable para continuar con las preferencias arancelarias.  Este hecho, según afirmó Luis Yanza, Coordinador Ejecutivo de la Asamblea de Afectados por Texaco, le resta posibilidades a Chevron de castigar a los ecuatorianos por su lucha en la defensa de sus derechos, por una parte, y,  por otra pone en evidencia que cada vez le es más difícil a la transnacional evadir sus responsabilidades, que han sido comprobadas plenamente en el proceso judicial, que sustancia la condena dictada en el Ecuador.

Para el equipo de abogados ecuatorianos que representan a más de 30 mil ecuatorianos, Pablo Fajardo, Julio Prieto y Juan Pablo Sáenz, es claro que Chevron se ha quedado sin argumentos jurídicos para defenderse y pretende involucrar, de cualquier manera, al gobierno ecuatoriano en una disputa de orden privado.

Los representantes legales aclaran que toda empresa está obligada a cumplir con las normas y leyes de cada Estado y si quería parar la ejecución de la sentencia, debía depositar la caución que se establece en la normativa del país y no recurrir a un lauda arbitral improcedente en este caso e inaplicable, puesto que implicaría violentar los derechos de la población de la Amazonía y las leyes vigentes en el Ecuador.

Así mismo los demandantes sostienen que ningún laudo arbitral puede ordenar ni obligar a un Estado a violar sus normas y leyes internas y mucho menos los derechos constitucionales de sus ciudadanos, lo que verifica, dicen la arrogancia de Chevron de seguir actuando al margen de la ley y el derecho internacional.

Finalmente y en representación de los Afectados, Luis Yanza hace un llamado a la comunidad internacional a cerrar las puertas a Chevron, que es prófuga de la justicia, por un crimen ambiental que ha dejado centenas de muertos y afectados, que son indígenas y colonos pobres que habitan en las provincias de Orellana y Sucumbíos, ubicadas en el norte de la Amazonía ecuatoriana.

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